Tres años de cárcel por una tarde de pancartas en Maspalomas

El miércoles 4 de noviembre, a las once y media de la mañana, en la sala de vistas número 21 del edificio judicial de la calle Málaga, en Las Palmas de Gran Canaria, se sienta un activista en el banquillo. Se llama Federico Nacher, forma parte de Canarias Tiene un Límite y responde por lo que ocurrió durante una manifestación contra la turistificación, en el sur de Gran Canaria, el 20 de octubre de 2024. La Fiscalía pide para él tres años de prisión y una multa que podría llegar a los 5.000 euros.

Conviene precisar dos cosas antes de opinar. La primera es que todavía no hay condena: lo que se conoce es la petición del ministerio público, que es una hipótesis que el juicio deberá confirmar o desmentir. La segunda es que la vista se celebrará dos años después de los hechos, y que la fecha inicial, el 2 de noviembre, se trasladó al día 4 porque esa fecha era festiva. Dos años no son un detalle administrativo: son dos años de vida con una pena de cárcel pendiendo sobre la cabeza, sin sentencia y sin poder cerrar el asunto.

A esa causa penal se suma una sanción administrativa de la Delegación del Gobierno al colectivo, por un supuesto incumplimiento de las condiciones comunicadas para la marcha. Es decir, la misma tarde se castiga dos veces: una en el juzgado y otra en el expediente. La plataforma sostiene que el recorrido se ajustó a lo previsto y atribuye los incidentes a una actuación policial que califica de desproporcionada; eso también es parte de lo que hay que probar. Lo que ya se puede valorar, sin esperar al fallo, es la magnitud de lo que se pide por unos hechos ocurridos en el transcurso de una protesta convocada, comunicada y con recorrido autorizado.

Tres años de prisión es una cifra que en el imaginario colectivo pertenece a otra categoría de delitos. Quien lea la noticia sin conocer el caso pensará, con razón, que hubo algo más que empujones y gritos. Y esa es precisamente la cuestión que me interesa: la petición de pena no solo se dirige a Nacher, se dirige a cualquiera que esté pensando en salir a la calle la próxima vez. El mensaje es sencillo de leer: manifestarse en el corazón de una zona turística puede costarte tres años y cinco mil euros.

El grupo de apoyo surgido a raíz del caso habla de criminalización de la protesta. Yo lo diría de otra forma, menos política y más doméstica: es una factura. Y las facturas se pagan o no se pagan según el bolsillo. Una multa de 5.000 euros no disuade igual a un abogado con despacho que a un vecino que organiza una marcha con megafonía prestada. Cuando el coste de ejercer un derecho depende del patrimonio de quien lo ejerce, el derecho deja de ser igual para todos, aunque siga escrito en la Constitución.

Hay algo que en esta historia encaja demasiado bien. La protesta de octubre de 2024 no fue sobre un pliego, ni sobre una rotonda, ni sobre una competencia mal repartida. Fue sobre vivienda, sobre el precio de vivir donde uno nació y sobre quién puede permitirse hacerlo. Cuatro días antes de aquel juicio, las defensorías del pueblo cerraban en La Palma un decálogo que reclama que el acceso a un hogar sea un derecho exigible. Dos escenas de la misma semana: en una, diez instituciones pidiendo por escrito que la vivienda deje de ser un privilegio; en otra, un vecino camino del banquillo por haberlo dicho en voz alta en el lugar donde más se nota.

De este juicio no pido un resultado, porque no me corresponde. Pido que se celebre sin más aplazamientos, que la sentencia diga con claridad qué ocurrió y qué no, y que si la balanza acaba inclinándose hacia el activista, alguien explique por qué la misma tarde costó dos procedimientos. Pido también que la administración pública sea tan diligente al resolver sus propios expedientes como lo es al abrir los ajenos.

Y pido, sobre todo, una cosa que no depende de ningún juez: que ninguna manifestación pacífica en Canarias vuelva a celebrarse con la sensación de que el precio de asistir puede ser más alto que el motivo de la protesta. Una democracia se mide por lo que cuesta discrepar, no por lo que cuesta callar.

Este artículo de opinión refleja la posición de su autor y no la de la redacción de Canarias en Titulares. Los hechos en los que se apoya están enlazados en el bloque de fuentes.

Fuentes

• www.eldiario.es: La Fiscalía pide tres años de cárcel para un activista que se manifestó contra la turistificación en el sur de Gran Canaria
• x: la Fiscalía pide cárcel por la protesta anti-turistificación