Un decálogo no abre la puerta de ninguna casa

En La Palma se cerró este viernes una de esas reuniones que no salen en los telediarios y que, sin embargo, deciden más que muchos plenos. Las diez defensorías del pueblo de España llevaban un año trabajando en un documento, se reunieron bajo el lema «Abriendo las puertas al futuro de la vivienda» y salieron con un decálogo. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y la Diputada del Común de Canarias, Lola Padrón, presentaron el resultado en el mismo archipiélago donde la palabra vivienda se ha vuelto una forma educada de decir espera.

El catálogo de propuestas es razonable y, en varios puntos, valiente. Que el acceso a un hogar se reconozca como derecho subjetivo exigible ante la administración. Que el parque de vivienda social y protegida crezca hasta los estándares europeos. Que la vivienda pública no pueda escapar nunca al mercado libre con el paso de los años. Que se priorice el alquiler asequible, que se adapten las ayudas al precio real y que se refuerce el control del alquiler turístico.

De todo el texto, la línea que más me interesa no es la del derecho subjetivo, que suena a portada de periódico, sino una más pequeña: que los registros de demandantes dejen de ser listas de espera y que cada solicitud reciba una resolución expresa en un plazo razonable. Ahí está el cambio de verdad. Un registro que no contesta es una forma administrativa del silencio, y el silencio, en vivienda, se mide en años de vida de una persona.

Quien haya llamado a una oficina de vivienda conoce el ritual. Se entrega la documentación, se recibe un número y se espera. Nadie dice cuánto, nadie firma qué se hará con esa solicitud y nadie asume ninguna consecuencia si no se cumple. La administración no incumple nada porque nunca prometió un plazo. Convertir esa espera indefinida en una respuesta con fecha es más barato que levantar un edificio y cambia la relación de fuerzas: obliga a decir por escrito que no hay vivienda, y a explicar por qué.

El otro lado de la balanza lo contó esta redacción hace cuatro días. Canarias tiene más de 211.400 viviendas vacías, una de cada cinco según el censo de 2021. Hay 47 municipios con más de mil casas cerradas. Las Palmas de Gran Canaria encabeza la lista con 24.822; Santa Cruz de Tenerife suma 16.729; Arona, la capital turística del sur, tiene 14.483. En paralelo, el archipiélago lleva más de cuatro años sin construir un solo inmueble de protección oficial y el Gobierno regional ha movilizado una vivienda vacía en toda la última década.

Las dos cifras juntas cuentan una historia incómoda. La Asociación de Consultoras Inmobiliarias calcula que Canarias necesita al menos 44.000 casas para cubrir la demanda actual. Bastaría con movilizar una quinta parte de las que están cerradas. No es un problema de suelo ni de ladrillos: es un problema de voluntad, de incentivos y de quién paga el coste político de tocar una propiedad privada que lleva años sin usarse. El catedrático Alejandro Armas lo resumió con una frase que debería estar enmarcada en la consejería: movilizar las vacías «no es una línea prioritaria».

Por eso el decálogo de La Palma me parece necesario y, a la vez, insuficiente. Necesario porque pone por escrito lo que hasta ahora era sentido común disperso. Insuficiente porque un documento no abre la puerta de ninguna casa. Lo que convierte una declaración en política es el presupuesto que la acompaña y la fecha en la que se revisa.

Si las defensorías quieren que este texto no acabe en un cajón, yo les pediría tres compromisos verificables, y los pediría con nombre y apellidos en la próxima reunión. El primero, que cada solicitud de vivienda reciba una resolución expresa en un plazo máximo, con un número público de cuántas se contestan y cuántas no. El segundo, que la calificación de protegida sea indefinida por ley y no una promesa de legislatura, porque una casa que vuelve al mercado libre a los treinta años es una subvención pública con fecha de caducidad. El tercero, un objetivo anual, publicado y auditable, de viviendas vacías incorporadas al alquiler, con la misma seriedad con la que se publican los datos de paro o de turistas.

Ninguna de esas tres cosas exige un decreto espectacular ni un corte de cinta. Exigen algo menos vistoso y mucho más difícil: que alguien firme un papel donde dice cuándo. Mientras eso no ocurra, seguiremos teniendo decálogos impecables, jornadas de coordinación muy bien organizadas y decenas de miles de casas con las persianas bajadas en islas donde cada vez más gente busca dónde vivir.

Este artículo de opinión refleja la posición de su autor y no la de la redacción de Canarias en Titulares. Los hechos en los que se apoya están enlazados en el bloque de fuentes.

Fuentes

• www.defensordelpueblo.es: Conclusiones de las 39.ª Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo (PDF)
• www.eldiario.es: Defensores del Pueblo reclaman medidas para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna
• La vivienda como un derecho que se pueda exigir: la propuesta de las defensorías del pueblo presentada en Canarias
• www.eldiario.es: Las casas que Canarias mantiene vacías mientras sus vecinos buscan dónde vivir
• x: defensores del pueblo piden medidas para la vivienda