El Constitucional tumba el protocolo para menores migrantes del Gobierno canario
El Tribunal Constitucional ha anulado recientemente el protocolo establecido por el Gobierno de Canarias para la acogida de menores migrantes no acompañados. Esta decisión se produce tras una serie de impugnaciones y suspensiones previas que han generado un intenso debate sobre las competencias autonómicas y la protección de los derechos de estos menores.
Contexto del protocolo canario
En septiembre de 2024, el Ejecutivo canario aprobó un protocolo que modificaba el procedimiento de recepción de menores extranjeros no acompañados. Este protocolo introducía nuevos trámites que, según diversas organizaciones y entidades, podían retrasar la atención inmediata que requieren estos menores. Además, se comunicó a las entidades colaboradoras que no debían recibir nuevos migrantes sin la autorización expresa de las autoridades autonómicas.
Reacciones y medidas judiciales
La implementación de este protocolo generó críticas por parte de la Fiscalía y diversas organizaciones de derechos humanos, quienes argumentaron que las nuevas disposiciones podían dejar a los menores en situación de desamparo. Como resultado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) suspendió cautelarmente el protocolo en septiembre de 2024, considerando que las medidas adoptadas podían vulnerar los derechos fundamentales de los menores.
Decisión del Tribunal Constitucional
Posteriormente, el Gobierno central impugnó el protocolo ante el Tribunal Constitucional, argumentando que el Ejecutivo canario pretendía renunciar a sus obligaciones constitucionales y estatutarias de protección y tutela de los menores migrantes no acompañados. En febrero de 2025, el Tribunal Constitucional falló a favor del recurso del Gobierno, anulando el protocolo canario. La sentencia subraya que, aunque Canarias enfrenta dificultades debido a la llegada masiva de menores, esto no justifica la renuncia al ejercicio de sus competencias en materia de protección de la infancia.
Implicaciones y desafíos futuros
Esta resolución reafirma la responsabilidad de las comunidades autónomas en la protección de los menores migrantes no acompañados y destaca la necesidad de cooperación entre las distintas administraciones para abordar eficazmente la situación. El Gobierno de Canarias, por su parte, ha manifestado su intención de colaborar con el Estado para desarrollar un nuevo marco que garantice la protección adecuada de estos menores, al tiempo que se gestionan los recursos disponibles de manera eficiente.
La anulación del protocolo canario pone de relieve la complejidad de la gestión migratoria en regiones fronterizas y la importancia de establecer políticas que respeten los derechos humanos, cumplan con las obligaciones legales y consideren las capacidades reales de las administraciones implicadas.
