1,3 millones de multa al año y nuevos expedientes por vertidos en Canarias
La Unión Europea sanciona a Canarias por vertidos ilegales y refuerza su control
La Unión Europea ha intensificado su vigilancia sobre los vertidos ilegales en Canarias, imponiendo una multa anual de 1,3 millones de euros debido a incumplimientos en el tratamiento de aguas residuales. Las deficiencias en la gestión del saneamiento y depuración de aguas han llevado a la región a enfrentar sanciones que podrían incrementarse si persisten los vertidos no autorizados y la existencia de vertederos ilegales.
Problemática ambiental y sanciones
Uno de los casos más señalados se encuentra en el Polígono Industrial del Valle de Güímar, en Tenerife, donde se han registrado vertidos sin el tratamiento adecuado. Asimismo, la urbanización de Majanicho en Fuerteventura está bajo escrutinio por posibles infracciones medioambientales. Actualmente, de los 434 puntos de vertido identificados en Canarias, solo el 28% cuenta con autorización, mientras que el 72% restante opera sin los permisos necesarios.
Necesidad de inversión en infraestructuras
Para abordar estas deficiencias, se estima que Canarias necesita una inversión cercana a los 4.000 millones de euros destinados a mejorar las infraestructuras hidráulicas, optimizar la distribución de agua y construir nuevas plantas desalinizadoras. El gobierno regional ha solicitado apoyo financiero al Estado para desarrollar un nuevo convenio de obras hidráulicas que incluye proyectos valorados en 915 millones de euros. Sin embargo, hasta la fecha, las inversiones realizadas han sido insuficientes, lo que ha afectado la planificación y ejecución de obras esenciales.
Impacto y desafíos futuros
La persistencia de vertidos ilegales y la falta de infraestructuras adecuadas no solo conllevan sanciones económicas, sino que también representan una amenaza significativa para el medio ambiente y la salud pública en Canarias. Las autoridades locales y nacionales se enfrentan al desafío de implementar soluciones efectivas que garanticen el cumplimiento de las normativas europeas y protejan los recursos naturales del archipiélago.
